Si han vivido durante veinte años en la vivienda de su ex-suegro estamos ante un contrato de renta antigua afectado por el RDL 2/1985, conocido como decreto Boyer, que eliminó para los contratos celebrados a partir del 9 de mayo de 1985 la obligatoriedad de la prórroga.

No obstante, si en el contrato se pactaba el derecho de prórroga o incluso si no se decía nada - según cierta línea jurisprudencial - , ese derecho siguió existiendo ("sin que les sea aplicable forzosamente el régimen de prórroga establecido por el artículo 57 de la Ley de arrendamientos urbanos" decía literalmente el artículo 9 de aquél RDL, queriendo decir, según esta interpretación, que solo no existirá derecho de prórroga cuando ha sido expresamente excluido en el contrato).

Por tanto, el principal problema será probar que efectivamente hubo un contrato de arrendamiento, que no parece difícil si el documento que conserva con tres firmas no revela lo contrario. También será relevante lo que diga la sentencia de divorcio acerca de la vivienda familiar. La reclamación exige acudir al juzgado asistida por un abogado.