Si se trata de obras que afectan de manera relevante al local arrendado se impone un acuerdo. Por un lado el arrendatario puede impedir el inicio de las obras durante tres meses a partir de la notificación, pero por otro lado el arrendador no sabe cuándo van a comenzar, pues no depende de él sino de la comunidad, que podrá efectuar la comunicación a efectos del desistimiento del arrendatario con la misma validez que si la efectuase el arrendador. Sabiendo que el arrendatario puede retrasar las obras, no será difícil convencer a la comunidad o al arrendador para que alguno de los dos efectúe esa comunicación, aunque aún no sepan la fecha de inicio. Mientras no haya comunicación -por supuesto el inicio de las obras equivaldría en última instancia a una comunicación- no conviene que el arrendatario adelante su derecho a desistir del contrato, porque la mera aprobación de las obras no implica que vayan a comenzar en tres meses, que es el plazo durante el cual la ley ampara al arrendatario, y podría ser que la comunidad no llegue nunca a realizar la obra o que la realice dentro de dos años, concluido el contrato de arrendamiento.

En resumen, no es suficiente con saber que se van a realizar obras que afectan de modo relevante al local arrendado, es necesario que se vayan a iniciar en menos de tres meses.