El arrendatario tiene tres vías de actuación, civil, penal y administrativa. La primera debe comenzar requiriendo al arrendador para que realice todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido.

Si el requerimiento no es atendido, podrá exigirlo en los tribunales por medio de demanda de juicio ordinario en el que deberá estar asistida por abogado y representada por procurador.

Si realmente existe acoso inmobiliario, podrá acudir a la segunda vía, penal, denunciando al acosador en el juzgado de guardia.

Por último, la cédula de habitabilidad es un trámite administrativo ajeno a los tribunales de justicia, de regulación autonómica, pero también permite la denuncia, sanción e incluso orden de ejecución de las obras necesarias para la obtención de la cédula de habitabilidad.