En un arrendamiento de vivienda el periodo de duración es el que libremente pactan las partes, debiendo prorrogarse obligatoriamente hasta alcanzar una vigencia mínima de 5 años, salvo que el arrendatario manifieste al propietario con 30 días de antelación a la fecha de finalización del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, su voluntad de no renovarlo.
Por ello, la duración pactada obliga a ambas partes, suponiendo un incumplimiento la cancelación anticipada del contrato, lo que puede llevar a la otra parte a solicitar una indemnización por los daños y perjuicios causados. La dificultad que tendría el empresario, en todo caso, es la de acreditar que se han producido unos daños y la cuantía de los mismos, lo que no resulta fácil teniendo en cuenta que el piso ha sido liberado y puede volverlo a alquilar.
En resumen, sí el propietario con la ley en la mano podría reclamarle una indemnización por incumplimiento contractual, pero debería acreditar la producción de unos daños derivados de la cancelación anticipada del contrato.
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