Cualquier contratante puede obligar a las otras partes del contrato a darle la forma que la ley exija. El contrato de arrendamiento es plenamente válido con el solo consentimiento verbal, pero implica obligaciones que necesitan la forma escrita, como por ejemplo el depósito de la fianza. Por ello, tanto el arrendador como el arrendatario pueden exigir a la otra parte ponerlo por escrito. Sin embargo, eso no permite poner nuevas condiciones, ni nueva renta, ni cambiar nada de lo estipulado verbalmente. La renta es fácil conocerla, no hay más que mirar los recibos o ingresos bancarios. El resto tendrá que ser probado, porque cualquier pacto que no se pruebe es como si no hubiera existido. Esa ausencia de pactos no es ningún problema, porque, conociendo la renta, el resto lo pone la Ley de Arrendamientos Urbanos.