Ante todo distinguir entre la deducción estatal y la autonómica. La primera no exige el depósito de la fianza por el arrendador, que es lo que deberían hacer todas las administraciones autonómicas, porque Hacienda puede fácilmente ajustar cuentas con los propietarios incumplidores, pero Andalucía, Baleares, Galicia, Madrid y Valencia se permiten condicionar un derecho del arrendatario al cumplimiento de una obligación del arrendador.

Pues bien, insisto en que el cumplimiento tardío de la obligación de depositar cumple también la exigencia formal de esas administraciones pejigueras. Pero para ello hay que contar con el arrendador, que se hace un favor a sí mismo porque evita la inspección y la correspondiente sanción, aunque el ridículo recargo del 10% no hay quien se lo quite. Si el arrendador insiste en no depositar la fianza, el arrendatario quizá pierda la deducción autonómica pero la podrá reclamar al arrendador como daños sufridos por su incumplimiento, es decir, a poco que se le explique, el arrendador comprenderá que le interesa lo mire como lo mire.

Lo que no puedo contestar es a las posibilidades de que Hacienda castigue al arrendatario que no se ha asegurado del depósito antes de aplicar la deducción. Si impera la sensatez, se olvidará de ese requisito, pero la sensatez suele tardar en llegar a algunos barrios.