Las obligaciones civiles y las administrativas viajan por caminos independientes, de manera que la falta de un trámite administrativo no impide celebrar válidamente un contrato de arrendamiento con todos sus efectos civiles entre los contratantes.

Por medio de una demanda de juicio ordinario el arrendatario puede conseguir que los tribunales obliguen al arrendador a las reparaciones necesarias para que recupere las condiciones de habitabilidad que requiere una vivienda digna. Quizá debiera leer con detenimiento la Ley de arrendamientos urbanos y en especial sus artículos 2 y 21.