En realidad esos gastos ni siquiera son ingresos, pero ya que en el contrato están confundidos con la renta, conviene que incluya en la casilla 70 de la declaración del IRPF el total que deba pagar la arrendataria por todos los conceptos, y en la casilla 74 deduzca todos los gastos, los fiscalmente deducibles en el sentido estricto, como la amortización, comunidad, tributos, seguros, etc, y los consumos que menciona.

Los primeros en proporción a la parte de vivienda arrendada de forma privativa, excluyendo las zonas comunes.

Los segundos en proporción al número de personas que hagan el gasto, ya que no se le puede poner un contador a cada una.

El inconveniente de esta solución es que la proporción de gastos respecto a ingresos será muy alta y obliga a guardar justificación de todo por si Hacienda cuestiona tanto gasto.

Si el contrato no incluyera los gastos de consumos y se limitara a recoger la obligación de pagarlos en proporción a las personas que los usan, no habría ni que mencionarlos en la declaración.