La ley no está pensada para legitimar fraudes, por lo que, aunque el artículo 13 de la Ley de arrendamientos urbanos concede al arrendatario de vivienda el derecho a permanecer después de una ejecución forzosa sin distinguir según el tiempo de celebración del contrato, la Ley de enjuiciamiento civil (art. 675 y concordantes) permite el lanzamiento del ocupante de un inmueble embargado si el juez que lleva la ejecución considera que el ocupante no tiene título suficiente, es decir, si considera que el contrato de arrendamiento es fraudulento.

Si en el arrendatario hubiera buena fe por desconocer el embargo, podría luego intentar recuperar la vivienda en un juicio posterior, pero de entrada tendría considerables probabilidades de verse en la calle.

Puede constituir hasta delito y si el inquilino era sabedor de esa circunstancia en el mejor de los casos deberá abandonar la vivienda al producirse la adjudicación.

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