Si el contrato permanece después de transcurridos cinco años, el arrendatario adquiere el derecho a tres nuevas prórrogas anuales, por lo que el arrendador no podrá darlo por extinguido hasta junio de 2010, suponiendo que el contrato sea de junio de 2002. La única posibilidad que admitiría discusión se daría si el arrendador pierde su derecho, sea por venta o por embargo.

Aunque hay otras opiniones, el nuevo propietario, aunque reúna las condiciones del artículo 34 de la LH, está obligado a respetar este segundo periodo de tres años, si ya se ha iniciado, hasta que se cumplan los ocho años de arrendamiento.

La indemnización no es posible más que en contratos con duración pactada superior a cinco años cuando transcurridos los cinco primeros el arrendatario es desahuciado por un nuevo propietario con los requisitos del art. 34 de la LH.