La primera obligación del arrendador es depositar en la administración competente de su comunidad autónoma la fianza que debe entregar el arrendatario al celebrar el contrato, equivalente a un mes de renta en arrendamientos de vivienda.

Al arrendador no le costará ni un euro si lo hace dentro del plazo legal de un mes desde la fecha de celebración del contrato, es decir, desde la fecha de la firma o acuerdo, no desde la entrega de las llaves, que puede ser posterior.

La segunda obligación es incluir en sus próximas declaraciones del IRPF los ingresos obtenidos como rendimientos del capital inmobiliario, aunque podrá beneficiarse de las muchas deducciones y reducciones del artículo 23 de la Ley del IRPF, que harán que pague poco o nada dependiendo de que el arrendador tenga entre 18 y 35 años y unos ingresos anuales netos del trabajo o de actividades económicas superior al IPREM o Indicador público de renta de efectos múltiples.

Hay otra obligación pero responde exclusivamente el arrendatario si el arrendador le ha advertido de su obligación de pagar el Impuesto de actos jurídicos documentados. Este impuesto se liquida redactando el contrato sobre papel timbrado comprado en cualquier estanco o, si el contrato se redacta en papel normal, liquidándolo posteriormente en cualquier administración de Hacienda.