Si hace un año se firmó un nuevo contrato con una nueva duración de cinco años la obligación de las partes es cumplirlo hasta su vencimiento, que no llegará el próximo mayo sino dentro de cuatro años.

Sería diferente si los cinco años no son la duración inicial del contrato sino la posible duración en función de las prórrogas, es decir, si lo que recoge el contrato es el derecho del arrendatario a prorrogarlo hasta cinco años. Es importante la redacción literal porque las consecuencias de una u otra interpretación son importantes. No me cansaré de insistir en la falta de necesidad que los arrendatarios tienen de firmar cinco años, porque firmando uno tienen los mismos derechos y la quinta parte de obligaciones. Hay que cuidarse de tanto arrendador avispado.

Pero las consecuencias negativas pueden limitarse, porque la máxima indemnización que podría pedir el arrendador no puede ser superior a las rentas dejadas de percibir, es decir, el tiempo que la vivienda permanezca vacía. Hay muchas sentencias que llegan a afirmar que el mero hecho de poner de nuevo la vivienda en el mercado de alquiler supone un acto de disposición que pone fin a las responsabilidades del arrendatario, por lo que, si éste decide dejar la vivienda, le interesa controlar los anuncios y guardar prueba de su posible aparición en el mercado.

En cuanto a la televisión, cualquier aparato receptor viejo que nadie quiera pero que aún funcione puede resolver de una forma práctica un problema injusto, pues en el contrato no creo que se especifique marca y modelo. No olvidar que el contrato que cuenta es el segundo.